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Arranca el juicio contra los ejecutores del Operativo Independencia

Esta semana comienza un nuevo juicio a los genocidas en Tucumán. Nuevamente se sentarán en el banquillo Luciano Benjamín Menéndez, Comandante del III cuerpo del Ejército y el Comisario Roberto “Tuerto” Albornoz. En esta causa, conocida como Romero-Niklison, se investiga el homicidio de cinco montoneros en Mayo de 1976.

PTS

24 de febrero 2011

Arranca el juicio contra los ejecutores del Operativo Independencia

por CONSTANZA CATTANEO
Grupo Interdiscisplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán
Militante del PTS

Esta semana comienza un nuevo juicio a los genocidas en Tucumán. Nuevamente se sentarán en el banquillo Luciano Benjamín Menéndez, Comandante del III cuerpo del Ejército y el Comisario Roberto “Tuerto” Albornoz. En esta causa, conocida como Romero-Niklison, se investiga el homicidio de cinco montoneros en Mayo de 1976. Tanto Menéndez como el ex policía fueron condenados el año pasado por delitos de lesa humanidad, pero ambos fueron beneficiados con arresto domiciliario (la semana pasada se supo que Albornoz dejará provisoriamente el penal de Villa Urquiza donde cumplía condena).

Este juicio se desarrolla a días de haberse cumplido 36 años del inicio del Operativo Independencia. Este Operativo fue dictaminado por la alianza social entre el peronismo en el gobierno, unido a las fracciones dominantes del capital concentrado y a las cúpulas de las Fuerzas Armadas, que usaron de laboratorio esta provincia para aceitar los engranajes del plan sistemático de exterminio que llevarían adelante a partir del 24 de marzo de 1976. El Decreto 261 del 5 de febrero de 1975 autorizaba al Ejército a realizar todas las operaciones militares necesarias a efectos de “aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.

No es casual que este operativo se haya iniciado a poco de finalizar la última gran huelga azucarera que nucleó a cientos de trabajadores contra el Pacto Social impuesto por el gobierno de Perón. Esta huelga iniciada desde las bases contó con amplio apoyo del movimiento estudiantil que, desde los tucumanazos, había encontrado en la clase obrera un aliado fundamental. La burocracia sindical repudió fervientemente a los dirigentes de la huelga, ya que veían que la medida contra el plan económico sumaba apoyo en las bases.

Desde sus inicios el operativo fue apoyado explícitamente por políticos, eclesiásticos, gremialistas y empresarios. Héctor Pérez, representante de la CGT Tucumán, a días de iniciado el operativo afirmaba que adhería “fervientemente a la decisión de nuestra presidente de combatir a los mercenarios de la antipatria hasta las últimas consecuencias” . De igual forma Miguel Lazarte, dirigente de la FOTIA -gremio que aglutinaba a cientos de trabajadores que habían combatido con dureza el cierre de los ingenios y del cual cientos de afiliados engrosan las listas de desaparecidos tucumanos- recalcaba “el apoyo de la clase trabajadora al Ejército en la tarea que está realizando” . Con este operativo “antisubversivo” se intentó aplacar el desarrollo de una vanguardia obrera que abría la posibilidad de que sectores importantes del movimiento obrero rompieran con la burocracia y el gobierno peronista. El decreto ordenaba exterminar la guerrilla rural, pero el mayor desarrollo de sus operaciones tuvo lugar en las ciudades y sus víctimas fueron, en su mayoría, dirigentes sindicales y estudiantiles, entre ellos cientos de delegados de la huelga azucarera de fines de 1974.

Volviendo a los juicios que se vienen llevando a cabo, en ellos ningún civil fue llamado al banquillo ni mucho menos condenado por su complicidad con las Fuerzas Armadas. En todo el país cientos de fábricas prestaron sus instalaciones para que funcionaran allí centros clandestinos de detención.
En nuestra provincia las instalaciones de los ingenios sirvieron de bases militares que funcionaban como centros de detención y tortura. Las patronales fueron beneficiarias directas del genocidio. Numerosos empresarios se enriquecieron durante la dictadura. Un ejemplo es el hermano de Menéndez, José María, quien en 1977 abrió la empresa Litoral Citrus.

La complicidad con las Fuerzas Armadas no sólo vino de mano de los empresarios. La Iglesia Católica no sólo se dedicó a justificar el genocidio, con el discurso de la “preservación de los valores cristianos”, sino que a su vez fue parte de los secuestros, torturas y desapariciones.

Este juicio se lleva a cabo en medio del escándalo abierto tras el pago por parte del Arzobispado de Tucumán de la fianza del primer miembro de la Iglesia de la provincia imputado. Se trata del cura José Eloy Mijalchyk, quien fue cómplice de las acciones del Ejército actuando como capellán del Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenal Miguel de Azcuénaga entre 1976 y 1977.

A 36 años del Operativo Independencia, vivimos una escalada represiva de parte de las fuerzas de seguridad, como quedó en evidencia con los asesinatos de Villa Soldati, de los miembros de la comunidad Toba y en la localidad de José León Suárez. Todas estas fuerzas de seguridad fueron adoctrinadas bajo la última dictadura. En sus filas persisten partícipes directos del plan de exterminio que dejó 30.000 compañeros desaparecidos.

Llamamos a movilizarnos para exigir cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables del genocidio, tanto miembros de las Fuerzas Armadas como empresarios y miembros de la Iglesia. La juventud, junto a los organismos de DD.HH., organizaciones obreras combativas, centros de estudiantes y movimientos sociales debemos luchar para que todos los responsables del genocidio (militares, policiales, eclesiásticos y empresariales) sean juzgados y cumplan su cadena en cárcel común.

Hoy más que nunca tomemos las banderas de lucha para exigir el fin de la represión, que las fuerzas de seguridad se vayan de nuestros barrios y lugares de trabajo y estudio. La seguridad en manos de la policía y Gendarmería es una amenaza permanente sobre los trabajadores, los jóvenes y el pueblo pobre.

Prensa

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