Para justificar el veto a la ley de ajuste de las jubilaciones desde una perspectiva “progre”, el gobierno ha salido a marcar las supuestas inequidades que se habrían producido si ésta se hubiera promulgado.
Diego Bossio, titular de la ANSES, muy preocupado y casi con lágrimas en los ojos por las consecuencias anti-igualitarias de esta ley, señaló el ejemplo de un jubilado “que cobra hoy $7.666,37, hubiera pasado a cobrar $ 68.800,19”, sugiriendo que tendríamos numerosos casos como éste que llevarían a un vaciamiento de las arcas del ANSES en beneficio de un impúdico enriquecimiento de algunos jubilados. Los medios oficialistas también difundieron ampliamente que, con la ley vetada, la desigualdad en los haberes hubiera aumentado un 15%. El kirchnerismo no habría vetado la ley para retacear la recomposición y mantener la discrecionalidad de los aumentos, sino porque es el guardián de la equidad entre los jubilados.

Estos argumentos recuerdan a los del ministro menemista Roque Fernández cuando, en los últimos meses de gobierno (1999) y en tiempos de AFJP, defendía la derogación de la Prestación Básica Universal que ponía un piso a las jubilaciones en aras de la equidad, ya que ello permitiría aumentar la mínima de $150 a... ¡$190!

Décadas de neoliberalismo no pasan en vano. Los “nacionales y populares” sacan de la galera cuestiones tan caras al pensamiento neoclásico como la de la equidad, para justificar con argumentos “progres” dejar “equitativamente” planchadas todas las jubilaciones. En Página/12 llegan a la desfachatez de señalar que el 82% es conservador y que con los ajustes kirchneristas podría llegarse a superar ese techo (Alfredo Zaiat, 16/10), cuando hoy apenas araña el 60% del salario mínimo.

¿La ANSES amenazada de quiebra?

La oposición votó una ley que no incrementa las fuentes de financiamiento previsional para hacer demagogia e impulsar a un veto del gobierno. Si en la ley hubiera habido aumento de aportes patronales o se hubieran afectado intereses de algún sector empresario, a muchos legisladores se les hubieran puesto los pelos de punta y no habrían votado a favor. Por eso, vergonzosamente, Proyecto Sur borró la propuesta de incluir en la ley el aumento de los aportes patronales al menos hasta los niveles que tenían en 1993.

Pero los jubilados no están obligados a ser “fiscalmente responsables” (otro latiguillo neoliberal) en su reclamo por recomponer las jubilaciones, más aún considerando el enorme sesgo pro-empresario del gasto público: el 40% del presupuesto se destina a subsidios a las empresas y pagos de la deuda. Con los $40 mil millones que se destinan a subsidios sobraría para encarar el aumento a las jubilaciones.

Es cierto que con la estructura de ingresos actual de la ANSES (aportes jubilatorios más un 15% de la recaudación impositiva nacional), y considerando que con ellos no sólo se pagan las jubilaciones, no alcanzaría para costear el aumento. Sin aumentar los ingresos, pagar el 82% implicaría déficit. Pero es falaz anunciar la quiebra del sistema: podrían aumentarse los fondos del organismo en mucho más de $40 mil millones, aumentando los aportes patronales, terminando con el trabajo en negro y mediante transferencias fiscales que podrían surgir de liberar recursos declarando el no pago de la deuda pública, aumentando los impuestos a la riqueza y terminando con las desgravaciones de ganancias (sobre todo a la renta financiera).

¿En resguardo de la equidad?

Sin duda hay enormes inequidades en los haberes jubilatorios, que reproducen las existentes en el mercado laboral. Los mecanismos de ajuste previstos por los artículos 5 a 7 de la ley vetada las extienden en algunos casos. Quienes tienen más tiempo como jubilados habrían tenido un ajuste mayor de sus haberes que los jubilados de fechas más recientes. Pero es una fantochada querer sugerir, como hace Diego Bossio y reproduce a más no poder “PáginaK”, que eso será bastante extendido y que pone en peligro el sistema previsional. Por otra parte, durante los años que en la ley preveían ajuste, los haberes jubilatorios estuvieron prácticamente congelados y sólo en los últimos años hubo aumentos muy modestos mientras la ANSES aumentaba su superávit.

Agreguemos que la preocupación por la desigualdad de las jubilaciones no se condice con la manera grosera en la cual se mantuvieron todos los privilegios para el personal de senadores, diputados y funcionarios durante el kirchnerismo. Es de estos privilegios que sale el grueso de las jubilaciones que están muy por encima de la mínima. No hemos visto al kirchnerismo impulsando la anulación del régimen de jubilaciones de privilegio. Lo mismo cabe para la situación precaria de sectores mayoritarios de la clase trabajadora que el kirchnerismo ha mantenido; que además de proyectar a futuro la misma desigualdad en los haberes que existe actualmente, limita los aportantes al sistema.

De todas formas, considerando que la mayoría abrumadora de los jubilados (casi el 75%) cobra la jubilación mínima, el jefe de la ANSES no debería preocuparse por un desmedido enriquecimiento de los trabajadores pasivos. Los supuestos casos como el del trabajador que pasaría de cobrar $7.666 a $68.000 serán más bien pocos.

Extensión de los beneficiarios versus recomposición de los haberes

El kirchnerismo busca oponer la “universalización” que impulsó en 2008 por los menores requisitos para jubilarse al aumento del 82% móvil. Pero se trata de un falso dilema que no alcanza para ocultar que al mismo tiempo que hay más jubilados, se ha degradado esta ampliación al mantener los haberes planchados y erosionados por una inflación galopante. El veto de la ley bloqueó un aumento del 37% para casi el 75% de los jubilados que cobran la mínima.

Seguramente habrá nuevos aumentos sobre la base de los ajustes previstos por la ANSES, pero que no detendrán la tendencia a la degradación de los ingresos, ya que los mecanismos de ajuste se apoyan en los índices oficiales truchos.

Conseguir el 82% móvil no es algo que pueda esperarse de la iniciativa de los legisladores opositores, que votaron esta ley por demagogia. Sólo la más amplia movilización permitirá conquistar este reclamo histórico.