La jueza Garzón de Lascano, más conocida como la “jueza talibana” por su reaccionario fallo prohibiendo los anticonceptivos y el DIU en todo el país, fue secretaria del juez federal Zamboni Ledesma cuando treinta presos políticos morían asesinados en la Cárcel Penitenciaria del Barrio San Martín (Córdoba, 1976).
La actual jueza participó en ese entonces de las indagatorias de este caso en el que se presentó como “muerte por intento de fuga” lo que fue un dramático fusilamiento.
Años más tarde, el juzgado a su cargo llevó adelante las causas que se denominaron “por la verdad histórica”. Por su parte, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba expresaban su preocupación, en un comunicado de prensa, porque los mismos funcionarios “que integraron un poder judicial sospechado de complicidad o por lo menos de incumplimiento de sus deberes, sean hoy, con cargos más elevados, los encargados de alcanzar la Verdad Histórica que la sociedad argentina reclama.” Sus críticas estaban más que fundadas: la jueza brindaba con altos jefes castrenses, mientras el servicio de inteligencia del Ejército hacía actividades de espionaje en las causas por el robo de bebés y amenazaba a los testigos.
Además de brindar con los militares asesinos, la jueza manifiesta gran afinidad por los sectores más reaccionarios de la ya reaccionaria Iglesia Católica. El pedido de amparo en el que se basa su fallo fue presentado por la Fundación 25 de marzo, presidida por el sacerdote Fernando Altamira que declaró ante las cámaras de TV: “Para nosotros se trata de un milagro, porque pone a la Argentina a la vanguardia de los países que combaten el aborto.”
Aún cuando la misma jerarquía eclesiástica quiere despegarse de las ultraderechistas declaraciones de este cura cordobés, lo cierto es que el 25 de marzo que da el nombre a su fundación es la fecha que eligió el presidente Menem (y nadie ha derogado) para conmemorar “el día de los niños por nacer”, por expreso pedido del Papa en su cruzada medieval contra el derecho al aborto.
Contrariamente a lo que piensan la Iglesia, los jueces y ciertos funcionarios, sostenemos que el derecho al aborto es un derecho humano básico y elemental para las mujeres. Prohibirnos este derecho sólo conduce, por un lado, al negocio de la clandestinidad y, por otro lado –para millones de mujeres de la clase obrera y los sectores populares que no tienen acceso a las clínicas “truchas”-, sólo conduce a las infecciones, las hemorragias, las perforaciones uterinas e incluso la muerte.
Como señalamos el día de acción por la salud de las mujeres, en la carpa de las obreras de Brukman, en una charla organizada junto a otras compañeras feministas: es posible comparar la lucha de las obreras de Brukman con la lucha por el derecho al aborto. Porque lo que hace peligrosas a las obreras de Brukman para el juez, el patrón y el Estado es la perspectiva que muestran al conjunto de la clase obrera de que los patrones no son necesarios para poner en funcionamiento una fábrica. Y, por otro lado, aunque el derecho al aborto es un derecho mínimo y elemental, si no está en la perspectiva de “lo posible” para este Estado es porque el control de nuestros propios cuerpos permitiría a las mujeres cuestionar profundamente la opresión a las que nos somete el patriarcado, impidiendo nuestra autonomía en las decisiones de nuestras vidas y nuestros proyectos independientes.