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Comunicados de prensa

GRAVE CRIMINALIZACIÓN DEL CONFLICTO EDUCATIVO

Amenazan con imputar a docentes y estudiantes del Normal y legisladores provinciales

PTS

26 de agosto 2018

Amenazan con imputar a docentes y estudiantes del Normal y legisladores provinciales

A través de sus responsables de prensa, la Unidad Fiscal Correccional a cargo del Fiscal Gabriel Blanco informó que la semana que viene el Ministerio Público Fiscal tomaría declaración indagatoria a quienes participaron de la toma del Instituto Normal Superior “Tomás Godoy Cruz”, tras lo que quedarían imputados con la figura de "desobediencia". Referido al artículo 239 del Código Penal que dice que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones". Dieron a trascender también que llamarían a declaración indagatoria al menos a 10 personas, consideradas "líderes" de la toma a partir del lunes entre las que hay docentes, estudiantes y legisladores provinciales.

La denuncia fue radicada por la Dirección General de Escuelas a cargo de Jaime Correas y Emma Cunietti, luego de haber desatado un conflicto educativo en todos los institutos de educación superior de la provincia dictando la Resolución 2010/18 y al Decreto 530 que cierran carreras consideradas “no prioritarias” por las autoridades del gobierno provincial. Las protestas se llevan a cabo mediante clases públicas y asambleas en distintos IES de la provincia y en el Normal Tomás Godoy Cruz se desarrolló como una toma pacífica resuelta por la asamblea interclaustros de la institución.

Al respecto el senador provincial Lautaro Jimenez, que concurrió al establecimiento junto a otros 11 legisladores provinciales de distintos bloques convocados por los estudiantes y docentes, explicó que “fuimos claros testigos de la situación. La DGE no se hizo presente para abrir ninguna instancia de diálogo sobre el conflicto abierto con la resolución del cierre de carreras. Sólo se apresuraron a tramar una estrategia de criminalización del reclamo, para imputar a los docentes y estudiantes como delincuentes”.

“En una primera instancia la DGE le pidió a la Fiscalía que concurriera a la escuela porque la toma del Normal incumplía las disposiciones administrativas decretadas sobre cómo debían realizarse las asambleas en los lugares de trabajo” explicó el senador del FIT. “El Fiscal concurrió durante la mañana y constató que no había ningún tipo de delito. Es lógico, en todo caso un incumplimiento a una disposición administrativa no configura un delito correccional. El fiscal había declarado entonces públicamente que no había encontrado ningún indicio de que se estuviera cometiendo un delito, tras lo cual se retiró de la institución. La DGE emitió entonces un memo disponiendo que el edificio debía ser desalojado a las 23hs. Sin ningún tipo de argumentación. Claro, lo que querían era ‘armar’ una causa penal, generando una nueva doctrina anunciada mediante un comunicado prensa: si no se acata esta nueva disposición administrativa, se violará el ‘código penal argentino’. Una doctrina tan propia de un régimen militar y alejado de las garantías democráticas constitucionales, necesitaba lógicamente añadir el gentilicio ’argentino’ - tan afecto al lenguaje dictatorial- a un código que nada tiene que ver con los conflictos educativos o sociales”, agregó.

Jimenez señaló también que “a diferencia de lo que ha trascendido en los medios, es falso que el personal de la Unidad Fiscal Correccional haya solicitado que se desaloje el edificio. Estando como testigos una docena de legisladores provinciales, el fiscal llegó al establecimiento a las 23:40 hs y se dirigió a los docentes y estudiantes que se encontraban reunidos en asamblea para manifestarles categóricamente que no iba a haber ningún tipo de desalojo violento y que solicitaban que en lugar de quedarse en el edificio todos (en ese momento habían alrededor de 500 estudiantes y docentes) eligieran "un grupo de representantes" que a modo de "delegación" se quedaran en el edificio, ya que temían que un gran número de presentes afectase la seguridad de las instalaciones y de quienes allí se encontraban”.

“Luego de esto, la asamblea debatió y resolvió que iban a permanecer todos los miembros de la comunidad educativa de la institución presentes (estudiantes y docentes) ya que no era un reclamo de algunos sino de todos. En ese momento, el Fiscal Gabriel Blanco tampoco requirió que se desalojara el edificio, sino que pidió que hubieran responsables de garantizar el cuidado del edificio y las instalaciones. A esto se comprometieron tanto el rector de la institución, como un grupo de docentes que voluntariamente en buena fe le dieron sus nombres al Fiscal, así como los 12 legisladores que nos encontrábamos presentes. El personal de la Unidad Fiscal Correccional se dirigió en reiteradas oportunidades a los presentes para manifestarles ‘que no iba a haber ninguna imputación’ y que ‘debían creer en su palabra porque no había imputado a nadie ni iba a hacerlo’, y que los datos que había solicitado a los docentes con los que habló eran para saber simplemente ‘con quiénes estaban hablando’.”

Finalmente Jimenez afirmó que “creemos que en primera instancia la Fiscalía constató que no se estaba ante ningún tipo de delito, ni siquiera ante indicios del mismo. Las afirmaciones trascendidas posteriormente sobre las intenciones de convertir ese conflicto educativo y sociales en un delito penal, por una burda maniobra administrativa de la DGE que se ha mostrado así mismo sumamente incompetente para abordar con instancias de diálogo y la apertura de un conflicto institucional de tan grande envergadura, revisten suma gravedad por lo que significaría criminalizar un reclamo educativo. Ya hay organismos de DDHH como Xumec que han presentado habeas corpus y este tipo de medidas seguramente se multiplicarán. Entre los legisladores estamos analizando si corresponde una denuncia ante el Jury por el mal desempeño de estos funcionarios del Ministerio Público Fiscal”.

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