NEUQUEN.- Mediante la firma de un acta, se logró ayer que el nuevo administrador de Zanon (designado por el juez del concurso) no tuviera que usar la orden oficial de desalojo de la planta, que incluso designaba como ejecutor de la medida al titular del Juzgado Penal N°1, Eduardo Badano.
Ayer desde las 11 los miembros del estudio Picado, Levi, De Angelis & Asociados (que ocupan las sindicatura y además fueron designados «coadministradores» de la fábrica), se reunieron en la sede del sindicato de ceramistas con miembros de la comisión directiva que preside Raúl Godoy. El primer intento de tomar posición de la planta se diluyó ayer con la firma de un documento donde los gremialistas plasmaron varias exigencias.
Luego del encuentro, los profesionales emprendieron el retorno para llevar las novedades al magistrado que lleva adelante el concurso, Germán Paez Castañeda, quien deberá buscar otras alternativas para garantizar el derecho de los acreedores de recuperar unos 70 millones de pesos que la empresa adeuda. La orden de desalojo, mantenida en reserva en la primera jornada de deliberaciones, habría causado inquietud en diversas areas del gobierno, dado que debía ser la policía de la provincia la responsable de cumplir con la directiva emitida por Paez Castañeda.
En el documento de ayer, el gremio planteó que ya se pidió mediante escrito legal dejar sin efecto la designación de los «coadministradores» y que sólo aceptan que ese rol lo cumpla una «comisión obrera», según reza el escrito. Otro de los términos exigidos es que Zanon ponga la planta en funcionamiento como forma de acatar los fallos de lock out que pesan en su contra «respetando los puestos de trabajo». Además plantearon que se debe reconocer al gremio como el único representante legal de los trabajadores.
Apelando a términos técnico-legales, la directiva del gremio expresó que lo que hoy hacen en la fábrica es «una gestión de autotutela de nuestros derechos». Venció ayer el último plazo que tenían los acreedores para «verificar deudas» en el expediente del concurso. Solamente el Estado neuquino reclama poco más de 6 millones de pesos, a lo que se suman créditos del Banco Provincia del Neuquén. En total, se estima que el reclamo podría llegar a los 70 millones, de los cuales 20 corresponden al grupo financiero IFC, que prestó a la familia Zanon 20 millones de dólares para poner en marcha la producción de porcellanato, y que además es uno de los pocos acreedores que tienen en su poder una prenda sobre la misma planta.