Los más de 4.000 procesados por luchar y organizarse en todo el país son la muestra cabal de una política de Estado que desde mediados de los años ’90 se mantiene de forma sostenida. En el número anterior de La Verdad Obrera decíamos que “lejos de aminorarse la escalada contra quienes luchan por trabajo, salud y educación, en ocho años de kirchnerismo se profundizaron mecanismos cada vez más persecutorios y criminalizadores de las luchas sociales”.

Sin dudas el triunfo del compañero Guillermo Bentancourt contra Techint en Campana (ver nota) demuestra que no sólo es posible dar pelea sino que con organización y movilización se pueden frenar los atropellos.
Esta semana también se logró la absolución de Néstor Segovia, delegado del Subte, en un juicio que le iniciara Metrovías por una protesta realizada en 2007.

Pero como para el kirchnerismo la consigna parece ser “nunca menos perseguidos y procesados”, el mismo ministro Tomada firmó hace unos días un acuerdo con Clarín por el que el Grupo de Noble/Magnetto aceptó reincorporar sólo a algunos delegados despedidos en 2004 de AGR (Artes Gráficas Rioplatense). De ese “acuerdo” quedó excluido Pablo Viñas, uno de los despedidos que exige hace años su reincorporación. Por aquella época Néstor Kirchner se llavaba de maravillas con el Grupo y no dudó en mandar a la Federal a reprimir a los trabajadores que luchaban contra las condiciones laborales, lo que finalmente dejó 120 despedidos. Como Viñas no es moyanista y, por el contrario, milita en una lista opositora a la conducción del gremio gráfico, hoy es discriminado y hasta agredido en los propios pasillos del Ministerio por una patota sindical con la complicidad de los funcionarios.

Los procesos que cargan Raúl Godoy y una treintena de ceramistas
neuquinos, “Poke” Hermosilla y Lorena Gentile de Kraft, Leonardo Norniella de Pepsico, Víctor Ottoboni de Fate, Hernán Puddu de Iveco y los estudiantes de la UBA Jesica Calcagno, Patricio del Corro y Juan Oribe son ejemplos claros de que la persecución judicial impulsada por las patronales y el gobierno es mayor cuanto mayor es la voluntad de luchar por parte de los trabajadores y los sectores populares.

Frente a la creciente criminalización y persecución necesitamos redoblar la pelea por defender a todos y cada uno de los trabajadores y luchadores populares procesados y perseguidos. La campaña para que se terminen las causas judiciales y que no se toque a los delegados de base debe extenderse y multiplicarse. Hay que denunciar cada atropello patronal, gubernamental y de la burocracia, luchando en las calles contra la criminalización de la protesta social. Así lo haremos este 24 de marzo en Plaza de Mayo, levantando las banderas que el kirchnerismo y las patronales quieren ocultar tras el doble discurso y el amedrentamiento.