Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
18 de junio de 2019

La Verdad Obrera N° 458 (Sólo en internet)

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Abajo las leyes antiterroristas

29 Dec 2011   |   comentarios

La sanción de la llamada ley antiterrorista despertó el rechazo de amplios sectores de la sociedad civil y puso al desnudo la orientación del gobierno “de los derechos humanos” de criminalizar la protesta social y la persecución contra delegados y activistas combativos, al abrir la posibilidad real de la condena a prisión efectiva.

Hundidos en el fango, votaron positivamente los “nacionales y populares” Diana Conti, Edgardo Depetri, Remo Carlotto, Eric Calcagno, Roberto Felletti, Adriana Puiggrós, acompañados de otros feligreses de la progresía como el “crítico” Martín Sabbatella, el banquero comunista Carlos Heller y el “socialista” Jorge Rivas.

Modestamente, la CGT también aportó lo suyo. Si bien Facundo Moyano y Héctor Recalde se ausentaron, no lo hizo el titular de los canillitas y diputado bonaerense del FPV, Francisco Omar Plaini, quien votó a favor.
Mención aparte merece Carlos Kunkel, otrora integrante de la bancada de los ocho diputados de la JP que fueron expulsados del bloque parlamentario peronista por rechazar la llamada “ley represiva” impulsada por el general Perón en enero de 1974. Ahora votó la iniciativa antiterrorista con las dos manos, acompañado de Andrés Larroque y los prósperos militantes de La Cámpora y hasta de hijos de desaparecidos como “Wado” de Pedro. Patético.

Delimitados como opositores políticos al gobierno kirchnerista, el grupo Clarín y el diario La Nación no podían no oponerse a la sanción de la ley a pesar de promover una campaña permanente contra los piquetes, los cortes de calle y los métodos de acción directa que emplea el pueblo trabajador para hacer valer sus derechos. Desde ya que no obedecen a ningún objetivo altruista. En este momento además sangran por la herida, pues no toleran que Cristina, elevada como árbitro por sobre las clases y los sectores, intervenga mediante el Estado para garantizar la “libertad de mercado” en la industria del papel favoreciendo a los medios gráficos kirchneristas, limitando los negocios que usufructúan hace más de tres décadas con Papel Prensa gracias a los oficios de la dictadura militar.

En la denominada izquierda kirchnerista, numerosas personalidades y organizaciones no ahorraron epítetos para pronunciarse negativamente. El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni declaró que “esta ley, en algún momento, puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos” y acto seguido la tachó de “disparate” y una “extorsión del GAFI”[1]. Zaffaroni pone en evidencia la entrega de la soberanía nacional que paga el gobierno de Cristina para conservar las relaciones con el G-20 y el GAFI, el organismo dependiente del FMI y EE.UU. que bajo el pretexto de la “lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo” extorsiona a los países periféricos con inversiones externas como moneda de cambio de estas legislaciones represivas, mientras permite el lavado de dinero en los países centrales así como la proliferación de paraísos fiscales donde banqueros, magnates de las mafias y narcotraficantes hacen pingües negocios.

Por su parte, Horacio Verbitsky y el CELS denunciaron la vaguedad e imprecisión de la ley que “criminaliza modalidades de participación sin precisar cuáles son los delitos a los que la figura está destinada”[2]. Gracias a estos elementos, la legislación antiterrorista vigente en Chile y Honduras resultó letal para los pueblos originarios. Continuando la tarea de los gobiernos de la Concertación, el derechista Piñera mantiene más de cien presos políticos activistas mapuches por defender sus tierras de las agresiones de los terratenientes.

Asimismo, Estela Carlotto y las Abuelas de Plaza de Mayo manifestaron “preocupación” por los efectos de la ley que presuntamente “tiene deficiencias legales que podrían derivar en la criminalización de la protesta social”[3].

Para pasar de las palabras a los hechos, si tanto el CELS y las Abuelas de Plaza de Mayo como muchas otras organizaciones kirchneristas se oponen realmente a esta ley reaccionaria, por lo menos deberían convocar a una serie de medidas de acción para evitar que se aplique. Sin contar con esta ley, la Justicia procesó a miles de luchadores con la misma saña que elevó la población carcelaria (predominantemente pobre y joven) a cifras record. ¿Qué podría esperarse entonces de la Justicia, plagada de jueces ultraderechistas y funcionarios vinculados a la dictadura militar, con herramientas represivas de semejante calibre?

Una gran campaña democrática con miles en las calles

La ley aprobada introduce una reforma en el Código Penal que abre la posibilidad real de la prisión efectiva de los luchadores y activistas combativos pues duplica las penas, sean máximas o mínimas, de todos los delitos contenidos cuando tengan por finalidad “aterrorizar a la población” u “obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”[4] (artículo 41). Si ya la asunción de su nuevo mandato por Cristina estuvo signada por el ataque a los sindicatos y el cuestionamiento del derecho de huelga como “extorsión”, el horizonte de la ley traza una nítida perspectiva de terror para el pueblo trabajador.

Análogamente, el gobierno de Cristina vuelve sobre una experiencia represiva similar del gobierno del general Perón, cuando en enero de 1974 envió la ley 20.642 introduciendo una reforma reaccionaria del Código Penal con nuevas figuras penales como la “coacción agravada”[5] para incrementar el poder represivo del Estado, que terminó ilegalizando las medidas de acción directa que llevaban adelante los trabajadores. A poco de aprobarse la conocida “ley represiva”, fue aplicada con todo rigor contra los trabajadores de Matarazzo y Gatic, los que tomaron las plantas de las fábricas exigiendo aumento de salarios, disminución de los ritmos de producción y la instalación de un comedor y una guardería. “Actualmente, casi 40 trabajadores de las empresas Matarazzo y Gatic, que fueron detenidos a raíz de la ocupación de sus fábricas, están siendo juzgados de acuerdo con el nuevo Código Penal y las condenas que se pretende imponerles oscilan entre 5 y 15 años de cárcel”[6]. A instancias de la “ley represiva” los trabajadores fueron acusados de usurpación y privación ilegítima de la libertad, mientras se declaraban ilegales las asambleas mantenidas en la planta de Propulsora Siderúrgica. Huelga aclarar que la sanción de esta legislación represiva incrementó los bríos de las bandas paraestatales de la Triple A, así como la designación al frente de la policía de los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride, destacados represores del Viborazo y la huelga del frigorífico Lisandro De la Torre, respectivamente.

Las consecuencias las padecemos hasta hoy día heredando una legislación con figuras como “privación ilegitima de la libertad agravada” con penas de 2 a 6 años de prisión, “incitación a la violencia colectiva” con penas de 3 a 6 años, o “coacción agravada” con penas de 5 a 10 años de cárcel al que coaccione a un funcionario estatal[7], como quisieron endosarle a los dirigentes Raúl Castells y Roberto Martino. De este periodo también data el nefasto Artículo 194, que reprime al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, electricidad o de sustancias energéticas”. Sancionado por la dictadura del general Onganía, convertido en ley por el gobierno de Héctor Cámpora y ratificado por Perón junto a otros artículos represivos de la derogada ley 17.567 (sancionada por Onganía), fue utilizado contra las acciones político-gremiales de los trabajadores así como actualmente es utilizado reiteradamente contra los delegados y activistas combativos, entre ellos los agrupados en la comisión interna de Kraft-Terrabusi, procesados en la llamada megacausa de la Panamericana.

Con la crisis económica internacional como telón de fondo, el gobierno de Cristina y los grandes capitalistas se valdrán de la ley antiterrorista y la legislación represiva legada por las distintas dictaduras (conservada por los sucesivos gobiernos constitucionales, incluidos los K) para obligarnos a pagar los platos rotos de la crisis. Por eso, es necesaria una gran lucha en las calles para tirar abajo toda esta podrida legislación antiterrorista, así como por el desprocesamiento de las causas que arrastran más de 5.000 luchadores obreros y populares, el freno a la persecución de delegados y activistas combativos y la libertad de los presos políticos. Para estar a la altura de esas circunstancias es imperativo poner en pie una gran campaña democrática con todas las organizaciones que se reivindiquen como tales para movilizar a decenas de miles hasta que no quede piedra sobre piedra de esta política represiva.

[1] Clarín, 24/12.

[2] Ibídem.

[3] www.portalba.com.ar. 21/12.

[4] Artículo 41.

[5] Myriam Bregman, “Descubriendo el velo de los delitos”,
www.rebelion.org, 9/10/02.

[6] Noticias, 28/05/1974.

[7] Myriam Bregman, “Descubriendo…”.

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