Más allá de los fuegos de artificio, las tomas y dacas y las chicanas entre el gobierno nacional y los provinciales, al cierre de esta edición se estaba por sellar un acuerdo sobre la base de
sostener el déficit cero y postergar la agonía de la convertibilidad. Dando cuenta de la nueva situación política después de las elecciones con el fortalecimiento del PJ, el acuerdo consistiría en pagar parte de las deudas de la Nación con el interior mediante títulos Lecop (un “patacón” nacional) a cambio de que las provincias acepten que desde el año que viene deje de regir la garantía o “piso” de transferencia de fondos.
Los afectados volverán a ser los cientos de miles de empleados públicos provinciales que comenzarán a cobrar en una pseudomoneda no convertible, inservible para la mayoría de las transacciones de la vida cotidiana, que se irá devaluando a medida que aumente su emisión. La “zanahoria” para los gobernadores consiste en una refinanciación de la deuda que tienen con los
bancos privados, unos diez mil millones.
La firma de este acuerdo sería el preludio para avanzar en la discusión del presupuesto 2002. Cavallo se anotó un nuevo y estrepitoso fracaso en el intento de bajar los intereses de los bonos de la deuda en manos de las AFJP y lo único que ha logrado es “patear” para adelante, comprometiéndose a pagarlos como capital al momento del vencimiento, una nueva versión del
mega-curro, esta vez poniendo como prenda los fondos de los trabajadores en manos de las AFJP.
Este canje significaría un “ahorro” de unos $ 3.000 millones lo que implicará la necesidad de recortar el año que viene al menos $ 3.300 para lograr el déficit cero, siempre que no baje aún más -como es previsiblela recaudación de impuestos. El pacto con los gobernadores consiste en
garantizar con parches y pulmotor la gobernabilidad de De la Rúa hasta diciembre, el mes en el que se conformará el nuevo Congreso con mayoría peronista con el que piensan poder negociar en mejores términos una verdadera quita en los intereses de la deuda externa con el FMI y los EE.UU. Pero la crisis económica y financiera internacional hace descartar en el próximo período
un nuevo flujo de capitales hacia países como Argentina: de 200.000 millones dólares promedio de flujos privados a los países emergentes entre 1995 y 1997 se va a pasar a cero en el 2001 (Clarín 21/10), por lo que una eventual renegociación de la deuda tampoco resolvería el problema y el fantasma de la cesación de pagos continuaría en el horizonte.
Para el último trimestre de este año ya se está discutiendo elevar el recorte a los jubilados y estatales y hacer un pagadios conlos aguinaldos, o a lo sumo abonarlos en cómodas cuotas. Entre los trabajadores del sector privado, la cosa no viene mejor. En promedio todos los días se cierran de tres a cuatro empresas (tres mil desde enero de 1999). La actividad industrial está en el mismo nivel de 1993: en treinta meses se retrocedió ocho años destruyendo miles de puestos de trabajo. Los pequeños comerciantes no encuentran el piso de su derrumbe.
La desocupación está por superar su récord histórico, arriba del 18%.
Hace poco más de un mes Hugo Moyano anunciaba que si luego de las elecciones “ no se va Cavallo y cambia el modelo” iniciaría un plan de lucha con paros, piquetes y hasta la toma de edificios públicos. No sucedió ni una cosa ni la otra, y los dirigentes cegetistas cambiaron un plan de lucha por reuniones y actos públicos con Duhalde y Alfonsín. Los dirigentes de la CTA -
cuyos gremios nuclean centralmente a docentes y estatales- se concentran en preparar un plebiscito del 13 al 15 de diciembre, realizando actos con distintos sectores de las PyME y los políticos del ARI. Las cúpulas sindicales se han constituido en el último eslabón de sostén al gobierno. No asistimos a una tregua más: la gravedad del asunto consiste en que le están dando sobrevida a un gobierno que está con un pie en la sepultura, y nos quiere llevar con él. Si los trabajadores no tomamos en nuestras propias manos la salida de esta crisis terminal y le damos una salida a todo el pueblo, sólo podemos esperar más desocupación y miseria. No hay esperanza alguna si no se afectan los intereses de imperialistas y los grandes capitalistas, los que nos vienen robando hace años, un puñado de banqueros y empresarios que aún facturan a paladas en medio de la crisis, como los monopolios transnacionales, la Repsol y el resto de las petroleras, las telefónicas y la banca. En muchas provincias se adeudan los salarios y en las próximas semanas, cual ciudadanos de segunda, los empleados recibirán los Lecop, mientras los bancos se quedan con los dólares. Los dirigentes de UPCN y ATE convocan a movilizaciones por provincia sólo cuando los trabajadores están con el agua hasta el cuello. El proyecto de presupuesto 2002 es el anuncio de un ataque fenomenal al conjunto de los estatales, los jubilados, los docentes, los estudiantes universitarios, los trabajadores que reciben asignaciones familiares, y los pequeños productores de vastas zonas. La posibilidad de caer en la cesación de pagos (pronosticada por diarios como The Washington Post) se convertiría en un desastre sin límites para las familias obreras y el pueblo pobre. La clase obrera y el pueblo tiene que actuar antes de que suceda. Es necesario unificar todas las demandas en una lucha nacional. Abajo la tregua, impongamos un plan de lucha a las centrales obreras. Para ello, los trabajadores concientes de esta situación, las agrupaciones e internas que quieran luchar hasta el final, los estudiantes combativos, ante la nueva capitulación de la burocracia sindical tienen que poner todo de sí para rodear de solidaridad a los compañeros que están luchando para defender sus puestos y salarios como en Río Turbio, Zanon, Río de la Plata y decenas de conflictos en todo el país. Hay que crear coordinadoras de lucha en cada zona. Cada fábrica o establecimiento que amenace con cerrar tiene que ser defendido con uñas y dientes, y exigir su estatización y su puesta en funcionamiento bajo la administración directa de los trabajadores, como lo plantean los compañeros de Cerámica Zanon de Neuquén. Los trabajadores de las empresas junto a los movimientos de piqueteros y desocupados podrían luchar por imponer un plan nacional de obras públicas bajo el control de los trabajadores. El descalabro de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires muestra a las claras la impericia de la burguesía para prevenir catástrofes de este tipo. Hay miles de obras que necesita el pueblo: viviendas, asfalto, cloacas, escuelas, canales de irrigación. Millones de manos disponibles se podrían poner a trabajar ya para paliar esas necesidades. Junto con esta medida, para lograr definitivamente la “desocupación cero” hay que imponer el reparto generalizado de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados con un salario mínimo equivalente a lo que cuesta una canasta familiar. Cuando más la necesitamos, los dirigentes de la Asamblea Nacional Piquetera, D’Elia de la CTA y Alderete de la CCC, porstergaron su convocatoria, inclumpliendo el mandato de miles de delegados que se reunieron el pasado 4 de setiembre en La Matanza. Ahora la llamarían para fines de noviembre o diciembre. Esto termina haciéndole el juego a la tregua sindical y el plan del gobierno y el PJ de aguantar hasta diciembre cuando asuman los nuevos senadores y diputados. El MIJP de Castells y otras organizaciones de desocupados se oponen a esta política, pero es una política estéril no plantear una convocatoria unitaria hacia los miles que se organizan con la Asamblea de La Matanza. Llamamos a esos dirigentes y a todos los que se reclaman combativos a cambiar de postura convocar una gran Asamblea Nacional de delegados de base, ocupados y desocupados, electos uno cada 20. Ese debe ser el ámbito para unificar, fortalecer y potenciar las luchas de todos los agraviados por este régimen infame y por la imposición de un programa obrero de salida a la crisis capitalista. Ese es el camino para romper la tregua e imponerle un plan de lucha a las centrales obreras de masas y preparar la huelga general para echar a De la Rúa y Cavallo, repudiados por toda la población. Contra la estafa de los pactos de gobernabilidad para seguir aguantando un gobierno ilegítimo hasta el 2003, hay que echarlos con la huelga general y convocar a una Asamblea Constituyente soberana para que el pueblo pueda discutir libremente una salida a la crisis nacional.