por Ana Laura Lastra, miembro de la Junta Interna ATE-Indec y de la Agrupación Marrón

En sintonía con los ajustes lanzados en Santa Cruz y Río Negro el 30 de diciembre, en el artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia 324, CFK ordenó que se revisen los pagos de bonificaciones, adicionales y plus salariales de 300.000 estatales de la Administración Pública Nacional. La intención es reducirlos o sacarlos directamente. Se trata de un recorte encubierto a los salarios estatales, que en estos años obtuvieron los porcentajes más bajos de las paritarias. Además, el Estado nacional es el mayor empleador en negro y en este sector los sueldos están aún mucho más retrasados.

Todos los estatales sabemos que los adicionales son parte importante de nuestros salarios y muchos de ellos son otorgados como pagos en negro que no se computan para el aguinaldo ni la jubilación. Además de chantajear con su quita, el gobierno mantiene todo tipo de escalas salariales para dividirnos.

Para poder imponer este ajuste, el gobierno “nacional y popular” cuenta con el alcahuete y ex menemista, hoy kirchnerista, Andrés Rodríguez de UPCN, que viene firmando las paritarias a la baja todos estos años y avalando el trabajo en negro. Avalando la medida presidencial, Rodríguez declaró que la medida ordena la situación de “anarquía” que se registra entre los sueldos estatales: “Acá hay organismos descentralizados que otorgaban a piacere bonos o premios sin autorización de la Secretaría de Hacienda, generando situaciones de conflicto con la mayoría de los trabajadores que no recibía el mismo beneficio”. Hugo Yasky se hace eco de este argumento falaz y pide que se aplique “con cuidado” para que no sea un recorte salarial: “Todo depende de cómo se aplique la disposición para que sea un ajuste encubierto o un instrumento para corregir algunas restricciones”.

Por su parte, Pablo Michelli de la CTA denunció el decreto y desde ATE se está evaluando un paro nacional en rechazo al decreto aunque hasta el momento no le han puesto fecha. Mientras que desde la CGT de Moyano se ha rechazado el DNU.

Los trabajadores de las distintas reparticiones estatales tenemos que organizarnos para enfrentar este ataque a nuestro salario y los ajustes que quieren aplicar en Río Negro y Santa Cruz. Hay que realizar asambleas comunes de afiliados a ATE, UPCN y no afiliados, trabajadores de planta y contratados para discutir un pliego único de reclamos y un plan de lucha. Que todos los adicionales pasen al sueldo en blanco y que sean para todos. A igual tarea, igual salario: hay que exigir el pase a planta de todos los contratados para acabar con la precarización laboral, un salario equivalente a la canasta familiar y la reincorporación de todos los despedidos. La directiva de ATE que ha rechazado el DNU debería convocar a plenarios abiertos de todos los estatales para discutir en común las medidas de lucha necesarias para conseguir nuestros reclamos.

Desde las asambleas de base, desde los sectores combativos, opositores y clasistas y de la izquierda tenemos que aunar fuerzas, haciendo campañas comunes, apoyando en forma concreta cada conflicto, para imponer que la CGT de Moyano y la CTA pasen de las palabras a los hechos y convoquen a una lucha nacional para que se retiren definitivamente la Ley de Emergencia en Santa Cruz, el paquete de leyes de Río Negro y DNU de Cristina.