Al cierre de esta edición el gobierno promulgó la ley de reforma del Sistema Previsional Argentino, aprobado por el Congreso. Como anticipamos (ver LVO N° 221), los aspectos centrales de la reforma son la posibilidad de pasarse del régimen de capitalización al de reparto y elevar el índice para calcular la jubilación que paga el Estado, para hacer más atractivo al régimen de reparto.
Esta modificación, además de mantener el sistema de jubilación privada la favorece (ver recuadro 1), ya que quienes tengan un menor salario se pasarán al régimen de reparto, mientras los que ganen más se mantendrán en el de capitalización. Un documento de la CTA denuncia que "esta depuración del padrón de afiliados y la concentración de éste en los mejores aportantes le supone al régimen de capitalización y a cada AFJP una reducción de costos operativos considerable"1. Pero además se sigue sin reconocer la movilidad de las jubilaciones, desconociendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia.

Esto no se discute
Ni al gobierno ni a la oposición patronal les interesa debatir qué rol debe cumplir un sistema de jubilaciones en la Argentina, cuál debe ser el régimen adecuado para proteger a los más débiles y garantizar que todos los jubilados tengan un haber que cubra todas sus necesidades, siendo a la vez sustentable en el tiempo.
De acuerdo a los informes oficiales, entre el Estado y las AFJP se pagan 4.319.307 jubilaciones, pensiones o invalidez, de las cuales aproximadamente 3.686.037 personas reciben menos de $ 1.000. Por otra parte hay 1.370.579 de individuos que no perciben ningún beneficio. La mayor parte de las personas en edad de jubilarse reciben un haber que está muy por debajo de sus necesidades o no reciben ninguno. La pregunta a responder entonces es: ¿quién carga con el gasto de sostener a estos ancianos? Como se puede suponer quienes están en peores condiciones pertenecen a los hogares más pobres, y son estos sectores quienes deben solventar los gastos de alimentación, salud y vivienda de los ancianos. Esto demuestra la inequidad del actual sistema, que carga sobre los más débiles el sostenimiento de los ancianos de menores recursos.
La contrapartida a esto son los fondos que existen en manos de las AFJP ($ 91.776 millones) y del Estado ($ 6.015 millones).
Otro tema que no está en discusión son las jubilaciones de privilegio que gozan desde militares hasta legisladores. Tampoco se pone en tela de juicio que el menemismo, entre otras ventajas a los capitalistas, redujo los aportes patronales, que pasaron del 33% al 17% o 20%, según el sector de actividad.
Otra cuestión que no se discute es que hoy quien se quiera jubilar, además de tener la edad necesaria, debe acreditar treinta años de trabajo en blanco, que debe demostrar con una declaración jurada firmada por el empleador. Así, toda persona que tuvo que trabajar en negro, o no consiguió trabajo durante muchos años es "castigada" por el sistema.

Una salida de fondo
Si el sistema actual impuesto por Cavallo es inequitativo, eso no significa que deba presentarse como modelo el sistema anterior donde el Estado manejaba las jubilaciones sin ningún control por parte de los jubilados y trabajadores, y utilizaba los aportes, el salario diferido, para financiar otros gastos, pagar la deuda externa o solventar distintas corruptelas. El mecanismo utilizado era la emisión de bonos que luego no se pagaban. Hoy en día también se usa este mecanismo, el excedente de la ANSES es apropiado por el gobierno que a cambio entrega bonos que pagan un 50% menos de los que se paga en el mercado, mientras que a las AFJP también les entrega bonos, pero en este caso les paga lo mismo que a nivel internacional. No sólo esto, a tal punto el gobierno considera estos fondos como propios, que los incluye en el presupuesto nacional como parte del superávit fiscal.
Por este motivo debemos luchar por:
- Nacionalización del sistema previsional, expropiando sin pago a las AFJP y sus fondos, y poniendo el mismo bajo la administración de los jubilados y los trabajadores. Con ese dinero se podría incorporar al sistema a los trabajadores pasivos que están afuera de cualquier régimen e incrementar las jubilaciones y pensiones a todos los jubilados para que puedan satisfacer íntegramente sus necesidades.
- Eliminación de las jubilaciones de privilegio para elevar el monto disponible entre los que ganan menos.
- Hay que volver a elevar los aportes patronales. Esta es otra fuente de ingresos para aumentar las jubilaciones.
- Toda persona, con sólo cumplir con la edad requerida debe poder jubilarse sin tener que demostrar nada más. Además hay que volver a que sean 55 y 60 años la edad para poder jubilarse.
- Luchamos por la reivindicación histórica de los trabajadores y de los jubilados, el 82% móvil del salario como haber mínimo jubilatorio, pedido más que justo, ya que en realidad correspondería exigir el 100% del sueldo anterior.

1 ¿Transición o reforma previsional? CTA. Febrero de 2007.
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Principales modificaciones del gobierno

- La libre opción entre el sistema de Capitalización y el de Reparto: esto trae como consecuencia que quienes tengan bajos salarios se pasen al Estado, ya que al haber aportado poco a la hora de jubilarse es poco lo que tendrán "ahorrado" en el sistema de Capitalización, de esta manera cobrará más en el de Reparto. Por el contrario, quienes tengan los salarios más elevados, "ahorrarán" más y en consecuencia ganarán más en el Régimen privado. De esta manera se descapitalizará el Régimen de Reparto. Esto también producirá una depuración del padrón de afiliados de las AFJP, ya que no tendrán que gastar en administrar los fondos de pequeños aportantes, ahorrando costos.
- El límite a las comisiones: la nueva ley las fija en el 1% del salario, pero esto sigue siendo muy alto (representa el 14,3% del total aportado). Además se debe considerar que hasta ahora les cobraron aportes todavía mayores a quienes estaban en las AFJP y se pasan al Estado, comisiones que no se reintegrarán.
- Obliga a las AFJP a invertir sus fondos para financiar obras públicas: de esta manera en un año electoral el gobierno vuelve a poner mano en los aportes jubilatorios.
- El índice para pagar las jubilaciones estatales aumenta del 0,85% al 1,5%: este incremento representaría un incremento de entre $ 25 y $ 30 por jubilado (Clarín 28/02). Si quieren festejar, apenas alcanza para algunas sidras.