El gobernador Scioli enfrenta un complicado escenario político. Mientras sufría la primera crisis de inseguridad (una de sus principales banderas de campaña), veía, a la par, desmoronarse sus aspiraciones a ocupar la vicepresidencia del PJ lo que tensó su relación con el kirchnerismo.

Clarín anuncia, ahora, “señales de distensión” : de un lado, la decisión de Kirchner de otorgarle como “premio consuelo” el primer lugar en la lista de delegados al Congreso del PJ provincial y el discurso de Cristina Kirchner respaldando el reclamo de “seguridad” que atormenta al gobernador, mientras dotaba a la Federal de nuevo equipamiento. Del lado del gobernador, su réplica a Duhalde por criticar a la presidenta de “incapaz para gobernar”. Aún así, no podemos descartar que a la vez que intentan cerrar filas por arriba, sigue una sórdida batalla entre el kirchnerismo y el gobierno de Scioli que armó un gabinete “culturalmente menemista”, como lo ha llamado el periodismo.

La crisis de la “inseguridad”

El día que asumió como gobernador, Scioli se aventuro a anunciar que el iba a ser capaz de reconciliar la maldita policía con la sociedad. A partir de la irrupción de sectores de clase media que organizan brigadas armadas o se movilizan exigiendo un mayor combate contra el delito, tal fue el caso reciente en Tres Arroyos, Junín (ver declaración del PTS Junín en www.pts.org) y de otras tantas localidades del interior de la provincia, Scioli salió a anunciar su intención de “saturar la calle de policías” y de hacer aún mas reaccionario el Código Procesal Penal1. Por su parte, Stornelli directamente se pronunció por la falta de “un mayor poder de fuego” para frenar la delincuencia

A su vez, como forma de volver a “amigar a la policía con la gente” han lanzado el famoso “si sabe algo, llame al 911”. De esta forma, intenta montarse en el clima reaccionario que generan acciones de sectores de las clases medias como las de Tres Arroyos2 y Junín entre otras tantas; para tratar de blanquear y legalizar la aplicación de sus medidas reaccionarias.

Ante todo esto, un importante número de intendentes ha puesto la mira en el ministro Stornelli por sus decisiones unilaterales: “él designa a los jefes departamentales de la policía sin consultarnos y luego somos nosotros los que debemos lidiar con las iras vecinales”3. El intendente de La Plata, Pablo Bruera denuncia las zonas liberadas por la policía. A su vez Stornelli también se enfrenta a la propia interna policial.

Si bien al asumir su mandato Scioli respondió a una vieja demanda de la Bonaerense y nombró a Daniel Salcedo como un virtual jefe policial4, este parecería no contar con las simpatías ni con la autoridad necesaria entre sus camaradas de armas. Salcedo es cuestionado por su desconocimiento en el modo de manejar la institución y es considerado como “un policía de escritorio”. Por su parte Stornelli es mal visto por estar rodeado de ex fiscales del Poder Judicial y asesorado centralmente por hombres de la Federal5. Todas estas cuestiones son prácticamente indigeribles para la Bonaerense.

La crisis de inseguridad además de colocar al propio Stornelli al borde de la renuncia ha puesto de relieve una debilidad mayor: la orfandad política de Scioli y la falta de una propia fuerza orgánica. En este sentido Scioli es todavía más débil que Solá. Mientras éste por lo menos representaba, más allá de su mayor debilidad política, a un sector de productores del campo, Scioli, la única relación orgánica con la provincia de Bs. As., es haber cursado el jardín de infantes cuando niño. Aunque quizás estas puedan ser diferencias tan sólo de grados, la realidad es que Scioli, al igual que su antecesor, tienen una gran dependencia política y “de caja” con Kirchner. El desarrollo de esta relación va a teñir en gran parte el futuro político de Scioli.

“Culturalmente menemistas”

La propia composición del ejecutivo provincial pone los pelos de punta a todo el kirchnerismo. Por empezar el propio Stornelli es el hombre que menos toleran producto del caso Skanka. En el actual gabinete de Scioli sólo el ministro de Desarrollo Social responde abiertamente a la Rosada producto de años de acompañar la gestión de Alicia Kirchner. El resto de los 17 de los ministros y subsecretarios que acompañan a Scioli en su mayoría fueron ex funcionarios menemistas y duhaldistas; tal es el caso de Alfredo Atanasof ex Jefe de Gabinete del gobierno de Duhalde y que hoy ocupa la cartera de Promoción Industrial; del ex diputado menemista Javier Mouriño ahora en la presidencia del IOMA o del actual Ministro de Trabajo, Oscar Cuartagno que por ser un hombre del riñón de la burocracia sindical fue recomendado a Scioli por el propio Atanasof. A su vez, en los lugares claves del gabinete, Scioli ubicó a fieles amigos personales6.

Esta característica no sólo fomenta la desconfianza del kirchnerismo y el gobierno nacional, sino que es fuente de choques con los intendentes que precisamente viven de la abultada billetera K.

¿“Todos unidos triunfaremos”?

El pacto con Lavagna y el lanzamiento de la reorganización del PJ no sólo le bloqueó a Scioli sus intenciones de secundar a Kirchner en la conducción de la “renovación” peronista, sino que le ha paralizado la Legislatura provincial, en su mayoría kirchnerista. Ocupada en la rosca por el armado de la lista de los delegados al próximo Congreso del PJ prácticamente ha dejado de funcionar, cajoneando proyectos del Ejecutivo, como la iniciativa que habilita inversiones privadas para realizar grandes obras de infraestructura o la propia reforma penal que es uno de los más importantes proyectos del gobernador.

Como no podría ser de otra forma, los medios de prensa más importantes de la capital provincial reflejan las disputas de camarillas, aumentando su larga y propia interna. Mientras el centenario y antiobrero diario El Día mantiene una línea afín a la gobernación, el diario Hoy se ubica en una posición crítica a Scioli y exige a Kirchner una mayor representación de la burocracia sindical en el rearmado del PJ7.

Pero ante esta interna del PJ provincial es importante saber diferenciar entre la lucha de posiciones para ocupar sus cargos en el partido o en el gobierno provincial, de la unidad de fondo que mantienen a la hora de defender las verdaderas cuestiones de Estado como lo será, más allá del cajoneo actual, la aprobación de mayores medidas reaccionarias y represivas para responder a la demanda de mayor seguridad.

En un primer momento tanto Scioli como su ministro Stornelli trataron de esquivar la crisis abierta aduciendo que “el delito y la inseguridad es un viejo y serio problema” imposible de resolver en sesenta días de gestión. Pero el viejo y serio problema de Scioli y de todo el PJ es la propia Bonaerense; este mini ejército de ocupación integrado en la actualidad por 54 mil miembros que en los años ’90 fuera rearmado y reorganizado por el PJ durante la gobernación de Duhalde.

Desde entonces, los Ruckauf, los Rico, los Patti y hasta Solá y Arslanián (más allá de algunas purgas y sus reformas cosméticas) han garantizado a esta maldita policía su total impunidad. Hasta el propio Kirchner, y su gobierno de los derechos humanos, viene garantizando su encubrimiento ante la desaparición de Julio López y manteniendo la continuidad de esta maldita policía inspirada por los Camps y los Etchecolatz. En la actualidad casi 10 mil cuadros y 12 de los 24 jefes departamentales designados recientemente por Scioli están en funciones desde la última dictadura militar.

Aunque esta brutal impunidad le siga permitiendo actuar contra los pobres marginales, la juventud, contra las luchas de los trabajadores y para perseguir al activismo como ocurrió recientemente con los trabajadores de Mafissa; su conocida responsabilidad en los casos de gatillo fácil, su estrecha vinculación con todo tipo de negocios ilícitos y con la propia dictadura militar la ha sumergido en un gran desprestigio ganándose el odio de amplios sectores. Incluso entre los sectores que piden mano dura desconfían de la Bonaerense.

Esta situación no sólo hace muy difícil alcanzar su reconciliación con el pueblo sino que también es un punto de crisis para el gobierno de Scioli y para el propio estado provincial que concentra dualmente las mayores riquezas del país y los mayores bolsones de pobreza y marginalidad.

¿A donde va el gobierno de Scioli?

La provincia de Buenos Aires por un lado cuenta con una deuda pública de 33 mil millones de pesos y un déficit fiscal anual de 2.500 millones mientras que los fondos que recibe por la coparticipación federal son menores a los de Santa Cruz. En el reparto de la recaudación impositiva, Buenos Aires pasó de recibir 27 a 23 puntos porcentuales del total de los fondos coparticipables8.

A diferencia de Duhalde en los ’90 que para enfrentar una situación similar contó con los U$S 700 millones que le otorgaba el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano y a través del cual le permitió financiar una masiva política asistencialista montada en un poderoso aparato clientelar integrado por 40 mil manzaneras, organizar un gran brazo armado a través de la Bonaerense y por esa vía transformar al PJ provincial en el “partido de la contención” de millones de pobres; hoy Scioli no logra conseguir ni que el kirchnerismo le otorgue alguna mínima reforma favorable en ley de coparticipación federal que le permita contar con mayores fondos. Esta situación, que también cruzó al gobierno de Solá, además de obligar al estado provincial a un mayor endeudamiento también genera grandes problemas presupuestarios en una provincia que alberga grandes bolsones de pobreza con millones de personas viviendo en condiciones prácticamente infrahumanas y la permanencia de una alta desocupación y un extendido trabajo precario especialmente en los sectores jóvenes que además de sufrir estas penurias son blanco preferido del gatillo fácil (ver columna de Carla Lacorte en esta página).
A su vez producto de esa debilidad presupuestaria el pueblo pobre de la provincia es prisionero de una brutal crisis del sistema de prestación social. Sólo para nombrar algunos casos, los médicos provinciales enrolados en la Cicop vienen denunciando la falta de 3.000 empleados en el sistema de salud y en el caso de la educación es notoria la reducción de fondos que destina el presupuesto provincial.

Esta complicada situación financiera y presupuestaria generan una perspectiva sombría y potencialmente inflamable para la gestión de Scioli. Los trabajadores y los sectores populares tenemos que preparar no sólo nuestra lucha por aumento de salarios y contra los despidos y suspensiones, como la que vienen desarrollando los obreros de Mafissa, sino también el enfrentamiento contra su intento de avanzar con medidas represivas y recorte a las libertades democráticas.
En la marcha realizada el lunes 18 de febrero, a 17 meses de la desaparición de Julio López, la Multisectorial de la Plata no solo volvió a exigir su aparición con vida y a responsabilizar al gobierno del encubrimiento de los responsables, sino que también denunció la política represiva que prepara Scioli y luego se movilizó a apoyar a los obreros de Mafissa y para impedir cualquier intento de desalojo.