El pez por la boca muere. El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Baldomero Alvarez de Olivera, mordió el anzuelo admitiendo que en la provincia existen 1000 villas miserias u otro tipo de asentamientos precarios donde viven hacinadas más de 2 millones de personas, es decir el 10% del total de los bonaerenses. La confesión de parte causó estupor en el gobierno “nacional y popular”, pues hasta el año 2006 el ˜área Metropolitana de Buenos Aires (que incluye a la Capital Federal) registraba un total de 819 villas de emergencia donde residían 1.051.519 personas, según un informe de la Universidad Nacional de General Sarmiento, guarismos que dejan al desnudo los resultados de la “distribución de la riqueza”. Macri ni siquiera abrió la boca cuando se enteró que el “derrame” alcanzó al 7% de la población de la Ciudad de Bs.As., donde se concentran entre 195.000 y 235.000 personas en 14 villas y 30 asentamientos de emergencia, mientras en 2007 eran 150.000, de acuerdo a los números proporcionados por la Defensoría de la Ciudad de Bs.As.

“El crecimiento de las villas no está relacionado con el aumento de la pobreza” respondió el gobernador Scioli, atajando la brasa desde Río de Janeiro, donde el ex menemista “aprende” la experiencia del sistema represivo en las favelas cariocas “como modelo para adaptarlas a la provincia”, “logrando calles con pavimentación … así puede entrar el camión del barrendero, la ambulancia y … los patrulleros”. A la zaga de Macri, afecto a los desalojos compulsivos, Scioli pretende trasladar el “modelo” de las favelas, azotadas con miles de asesinatos a manos del Ejército y los escuadrones de la muerte, para garantizar la “seguridad” de los grandes capitalistas. Un “modelo de urbanización” que llevó la peor parte de las recientes lluvias en Río, poniendo en evidencia la infraestructura precaria que resultó arrasada con decenas de muertos.
Evidentemente, oficialistas y opositores prefieren sacrificar las necesidades de las clases desposeídas en aras de “honrar” la fraudulenta deuda externa en beneficio de los bancos y los fondos buitres.

Por una reforma urbana integral

Los especialistas explican que una de las principales razones del crecimiento de los asentamientos precarios es la alta informalidad laboral y la vigencia de normas flexibilizadoras, una herencia del neoliberalismo que pervive y afecta a más del 40% de los trabajadores. Conjuntamente, salvo el INDEK, todos los analistas, incluido el consultor kirchnerista Artemio López, estiman que la pobreza alcanza a más del 32% de la población, llegando al 54% en el segundo cordón del conurbano bonaerense. Cabe aclarar que estos analistas no consideran pobre a aquel que percibe ingresos superiores a $1.600, cuando el 70% de los asalariados gana en promedio $2.000.

Las villas miserias constituyen un problema estructural de imposible resolución con medidas parciales, como demuestra la historia nacional. Si bien la primera villa data formalmente de 1932 en Puerto Nuevo, muchos historiadores sostienen que similares condiciones de hábitat se mantenían en las viviendas precarias establecidas en los alrededores del Hotel de Inmigrantes desde principios de siglo. Tras la “Revolución Libertadora” en 1956 se detectaron 62 villas con 112.350 residentes, en tanto en 1968 se encontraban 259 con 526.043 habitantes. Gracias a la lucha de los trabajadores, la construcción de viviendas sociales en 1970 redujo el número villas a 223 con 451.365 pobladores, pero en 1976 la dictadura militar impuso un salto cualitativo continuado por los sucesivos gobiernos constitucionales que no paró de incrementarse hasta la actualidad. El legítimo derecho a la vivienda digna que reclaman millones sólo puede ser resuelto efectivamente por la lucha de la clase trabajadora imponiendo una reforma urbana integral que expropie los inmuebles ociosos de los grandes grupos inmobiliarios, así como una genuina urbanización de las villas y un plan de obras públicas que construya vivienda digna, escuelas, hospitales, acueductos para el suministro de agua potable, cloacas, gas y todos los servicios públicos imprescindibles. Un plan de obras públicas que provea todas las necesidades populares, controlado por los trabajadores, que ponga en movimiento todos los brazos disponibles con un salario equivalente al costo de la canasta familiar, financiado con el no pago de la deuda externa e impuestos progresivos a los grandes empresarios de la ciudad y el campo. Un problema drástico exige una solución drástica opuesta a los globos demagógicos soplados por progresistas y derechistas en sus más diversos pelajes.